¿Defensa de la universidad pública?

Recientemente me enteré, con consternación, de que un estudiante de primer año de una universidad nacional no había podido comenzar sus clases debido a un paro docente ininterrumpido. Sus profe...

Recientemente me enteré, con consternación, de que un estudiante de primer año de una universidad nacional no había podido comenzar sus clases debido a un paro docente ininterrumpido. Sus profesores sugerían que el cuatrimestre ya se daba por perdido. Este caso no es aislado. Para quien inicia un camino vocacional con altas expectativas, la frustración es total.

Si ya de por sí la deserción en el primer año ronda el 50%, situaciones como esta no hacen más que incrementarla. En este caso particular, pese a la excelencia de la facultad, los padres ya evalúan si el presupuesto familiar permitiría financiar una alternativa privada que, aunque de menor calidad académica, le garantice al hijo el derecho a estudiar.

En más de 40 años de docencia universitaria, nunca participé de las huelgas que se sucedieron bajo los más diversos gobiernos

El paro se convoca “en defensa de los salarios, del financiamiento y de la universidad pública”. En más de 40 años de docencia universitaria, nunca participé de las huelgas que se sucedieron bajo los más diversos gobiernos. No se trataba de estar o no de acuerdo con los reclamos, sino de una convicción: no participaba, justamente, en defensa de la universidad pública.

Un paro docente universitario tiene, en general, poca repercusión en la sociedad y menos aún en las decisiones gubernamentales. Existen otros mecanismos para que las casas de altos estudios hagan sentir su voz, como lo demostró la aprobación y el conflicto en torno de la Ley de Financiamiento Universitario.

Dejar de transmitir conocimiento a quienes lo requieren no es defender la educación estatal. Las únicas víctimas son los estudiantes y sus familias, que realizan grandes esfuerzos económicos para que sus hijos accedan a una formación universitaria. El paro termina siendo un obstáculo para la vocación de quienes no pueden o no quieren asistir a una universidad privada.

Conozco las virtudes y los defectos de nuestro sistema. Participé en la regularización y renovación que llevó a cabo la normalización universitaria de 1984, ocupé cargos de gestión –incluido el de vicerrector– y recorrí decenas de instituciones del país, experiencia que volqué en mi libro Crítica (y reivindicación) de la universidad pública. Desde esa trayectoria, observo que la falta de políticas del Gobierno tiene una continuidad con el desmanejo y la falta de orientación que ha predominado en este siglo.

La discusión sobre el financiamiento está mal planteada. El Gobierno solo piensa en el equilibrio fiscal de corto plazo; las universidades, por su parte, reclaman presupuesto para seguir haciendo lo mismo, lo que redunda, generalmente, y con excepción de algunos nichos de excelencia, en una inversión inadecuada de los recursos.

La actual gestión carece de una política universitaria y científica informada y sensata. Invertir en estas áreas siempre ha sido una decisión estratégica, más aún en la sociedad del conocimiento, donde el crecimiento del PBI está íntimamente ligado a la innovación tecnológica, al desarrollo científico y a los niveles educativos de la población.

Pero no se trata simplemente de cumplir una ley, o de incrementar el presupuesto de los órganos científicos del Estado. No solo hay que discutir cuánto, sino para qué. Es tan poco lúcido desfinanciar un sector clave como disipar recursos en gastos superfluos ligados a intereses partisanos, ajenos a una política de desarrollo educativo y científico, que brilla por su ausencia en los gobiernos y en la mayoría de los centros científicos y universitarios.

Revertir esta inercia no es fácil. Han pasado más de 25 años desde la última vez que se intentó abordar el problema con conocimiento, seriedad y continuidad. Es imperativo que quienes comprenden al sistema científico y universitario y no están comprometidos con intereses que obstruyen la renovación, participen en la construcción de un programa de modernización. Y que los gobiernos de turno, mirando el largo plazo, se comprometan con esas políticas de Estado tantas veces mencionadas y nunca implementadas.

Entretanto, hay algo que los docentes pueden hacer. Sin dejar de reclamar por sus retribuciones –claramente atrasadas respecto de la región– a través de los canales más eficaces, pueden ayudar a sus alumnos a que encuentren en la universidad estatal lo que ella promete brindarles. Dejar las aulas vacías no ayuda a nadie; solo castiga a quienes más necesitan de la educación pública.

Vicerrector de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires